El 11 de octubre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Barcelona dictó una sentencia en la que eximía al portal Idealista de pagar una multa de 90.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, por «racismo inmobiliario». El portal publicó un anuncio en el que se ofrecía una vivienda en la que sólo se admitían huéspedes «españoles». Una vez conocida la decisión del tribunal, Idealista se quejó de que el Consistorio estaba gastando «enormes cantidades» de dinero en una campaña de desprestigio contra la empresa. El portal está actualmente implicado en ocho casos judiciales.
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El tribunal basó su decisión en tres simples razones.
En primer lugar, tal y como establece la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña (LDV), Idealista no se considera una agencia inmobiliaria. En concreto, es una plataforma neutral que realiza una actividad de intermediación electrónica, ya que ofrece a los usuarios una herramienta en la que publicar sus propiedades.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona infringió la ley al no enviar una notificación a Idealista solicitando la retirada del anuncio. En cambio, fue sancionado automáticamente, incurriendo en una violación de dicho acto.
Finalmente, el juez declaró nula la resolución dictada por el Gestor de Vivienda, responsable en el ayuntamiento. Nulo por las razones expuestas anteriormente.
Informe Técnico
El portal inmobiliario afirma que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado al respecto, dando la razón a Idealista. También cita otra decisión que falló a favor de Airbnb en un conflicto similar, anulando las pretensiones de la administración tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Sin embargo, según el Ayuntamiento, Idealista omite los detalles de lo ocurrido. «Es cierto que en este caso pueden tener razón en cuestiones muy técnicas, pero omiten que un tribunal ya ha dictaminado que el delito de racismo inmobiliario existió y que la inmobiliaria demandada junto con Idealista fue condenada. Además, no es cierto que se haya condenado a Idealista a pagar 90.000 euros, sino que esta cantidad era la sanción conjunta que debían pagar el portal y la inmobiliaria, por lo que sólo corresponderían 45.000 euros a cada uno de ellos.»
Estrategia difamatoria contra Idealista
Esta victoria representa una ventaja para el portal inmobiliario en su lucha contra la administración municipal de Barcelona. Este caso concreto ha dañado mucho la reputación del portal. Este caso se considera un paso más en la estrategia difamatoria contra Idealista.
Ante esta estrategia, el portal inmobiliario ha presentado varias denuncias, exigiendo la máxima cobertura mediática del caso, así como las ocho sanciones que el ayuntamiento impuso a Idealista por considerarla una agencia inmobiliaria. Asimismo, el portal denuncia la utilización de recursos públicos para desarrollar una persecución mediática contra su reputación. Para más información sobre la sentencia y las denuncias, accede a la noticia completa de Idealista.
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